CCOO de Industria Madrid lleva hasta la fecha más de 600 ERTEs negociados, de los cuales 200 pertenecen a empresas sin RLT (Representación Legal de los trabajadores y trabajadoras), con unos resultados muy positivos, mejorando en más del 70% de los casos, aspectos como el suplemento del salario, el devengo de las vacaciones, el complemento de las pagas extraordinarias o anticipos de las prestaciones.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado los despidos efectuados en el marco de un Expediente de Regulación de Empleo por Laboratorios Sparchim y que afectaban a 42 personas, obligando tanto a su readmisión como al pago de los salarios desde el momento del despido en noviembre. Considera la sentencia que la empresa incumplió determinados requisitos en la entrega de la documentación preceptiva que considera "de especial relevancia" a efectos de "proporcionar información que posibilite una adecuada negociación en orden a la consecución de un posible acuerdo sobre los despidos y/o medidas paliativas".

En la mitad de un proceso concursal, cuyo objeto es buscar la viabilidad de la empresa, con ofertas de compra por parte de inversores encima de la mesa, sin la presencia de la empresa propietaria, sin la documentación que legalmente exige la ley: así fue como Comat-Releco presentó el Expediente de Regulación de Empleo que pretende la extinción de los contratos para el más de un centenar de personas que formaban su plantilla. Ahora a través del Gabinete Interfederal de CCOO, la plantilla ha presentado ante el juzgado de lo mercantil escrito de oposición a la medida solicitada, solicitando su nulidad o alternativamente su improcedencia.

Los Juzgados de lo Social de Madrid han dado la razón a un trabajador de John Deere que había demandado a la empresa -con el apoyo de los servicios jurídicos de CCOO- por denegarle el derecho a disfrutar del permiso de lactancia, acumulando el tiempo estimado en días completos, pese a que así lo recogía el acuerdo de empresa. Esta sentencia es pionera ya que basa su argumentación en la igualdad que debe primar entre hombre y mujer a la hora de disfrutar este permiso.

SKF Española deberá volver a poner el autobús de ruta que une sus oficinas en Madrid con Carabanchel, Moratalaz, Cuatro Caminos y Alcalá de Henares, tal y como ha dictaminado el Juzgado de Lo Social en una sentencia (230/13) emitida tras una demanda interpuesta por los servicios jurídicos de la Federación de Industria de Madrid de CCOO. La sentencia analiza los diferentes argumentos esgrimidos por la empresa y concluye que ninguno de ellos motiva la toma unilateral de esa decisión a la que se había opuesto la representación de los trabajadores en las negociaciones previas.

La Federación de Industria de CCOO se felicita por la sentencia emitida hoy por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que establece la nulidad del expediente de Regulación de Empleo presentado por Roca Sanitario y condena a la empresa a la reincoporación de los 486 trabajadores afectados en las plantas de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Alcalá de Henares (Madrid).

Una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, cuando es colectiva, exige, a pesar de todas las reformas laborales, la apertura de un periodo de consultas donde se negocie con los representantes de los trabajadores. Este periodo de consultas además no es un mero trámite y en él la empresa debe aportar la documentación necesaria para justificar su decisión y tomar en consideración las propuestas de la representación de los trabajadores para minimizar el daño. Precisamente por incumplir todos estos requisitos, una sentencia del Juzgado de Lo Social (171/2013) ?contra la que cabe interponer recurso- ha dado la razón a CCOO y ha obligado a la empresa Gremoba a anular la bajada de salario que había impuesto a sus 13 trabajadores.

Industria de Madrid de CCOO no puede por menos que aplaudir la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la nulidad de los despidos de 28 personas en la empresa de Móstoles Talleres López Gallego, pero advierte que, a causa de la reforma laboral, la plantilla de esta empresa ha debido esperar un año a que los tribunales respalden lo que CCOO ya defendía en la negociación del expediente: que este despido era nulo. Por ese motivo CCOO continúa exigiendo la retirada de esta reforma laboral y destaca la indefensión que produce en los trabajadores que, pese a ver respaldados sus argumentos por la vía judicial, ésta no resuelve su situación laboral y deben aún continuar reclamando en los tribunales sus derechos, un sufrimiento que se hubiera evitado de haber llegado a un acuerdo justo en el proceso negociador.

Ya es firme la sentencia que obliga a Cobra Instalaciones y Servicios a pagar una indemnización de cien euros a cada una de las 215 personas que componen la plantilla de su centro de Coslada por haber vulnerado el derecho a la huelga en 2011. El Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso presentado por la empresa para la unificación de doctrina, por lo que se han agotado los plazos judiciales de reclamación. Esta sentencia confirma lo que ya dijeron en su momento el Tribunal de Lo Social nº 14 de Madrid y el Tribunal Superior de Madrid: que Cobra vulneró el derecho a huelga de los trabajadores y reconoce el derecho de ser indemnizados por este hecho.

Los representantes de los trabajadores de la empresa estructuras metálicas normalizadas (Normetal) junto a la Federación de Industria de Madrid de CCOO han remitido un escrito al Juzgado de Lo Mercantil, en el que está enmarcado el proceso preconcursal que atraviesa la empresa, para poner en su conocimiento los recursos que está usando la empresa para abonar parte de la deuda contraída con algunos de sus proveedores que a su juicio podrían estar poniendo en peligro el pago de las deudas pendientes y el propio futuro de la actividad económica.

Hace pocos días Francisco José López, actual secretario general de la sección sindical de CCOO en Iveco, recibía el anuncio de que la Audiencia Nacional había decidido archivar la causa abierta contra él a raíz de una denuncia interpuesta en 2009 por la entonces presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, que pretendía que la actitud en la cámara de un grupo de invitados -trabajadores de Iveco, BP Solar y ArcelorMittal amenazados por cierres y despidos en sus centros de trabajo-, había causado graves desórdenes e incurrido en delitos penales.

En estos tiempos de crisis, CCOO debe extremar la vigilancia para hacer cumplir lo pactado. Es el caso de Renault Vehículos Industriales (RVI), que anticipándose a la salida del dato estadístico del IPC real para 2011, abonó ese año un incremento del 1,5% de los salarios de la plantilla a cuenta de lo pactado en el convenio, en el que se preveía para 2011 un incremento salarial del IPC real más otros conceptos. Al conocerse finalmente el dato (2,4%) y ante la sorpresa de CCOO, la empresa, pretendió no abonar la diferencia entre el 1,5% ya abonado y el 2,4 del IPC real para todo el año, sino únicamente para los meses en que estadísticamente el IPC había superado el 1,5% ya abonado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia nº 601/12) ha tumbado el despido colectivo que puso en marcha Corrugados Getafe pese a la oposición de la Federación de Industria de Madrid de CCOO, que, junto al comité de empresa, interpuso la demanda que ha dado pie a la declaración de nulidad debido a los "tantos y tan trascendentes defectos formales en que incurrió esta mercantil en la tramitación del procedimiento". Es la tercera sentencia que declara la nulidad de un despido colectivo como resultado de demandas interpuestas por la Federación de Industria de Madrid de CCOO, después de las de Talleres López Gallego y Metalkris.

Los despidos colectivos que han llevado a cabo las empresas Metalkris y Talleres López Gallego, ambas situadas en Madrid y del sector del metal, han sido declaradas nulas en sendas sentencias de la sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras las demandas interpuestas por los servicios jurídicos de la Federación de Industria de Madrid de CCOO. La Federación considera que ambos fallos ponen de relieve la inoperatividad de la reforma laboral, que al limitar los cauces de negociación en los despidos colectivos, no sólo perjudica los derechos de los trabajadores sino que obliga a judicializar las relaciones laborales, lo que alarga los procesos y, en la práctica, ocasiona inseguridad también a las empresas.

Una sentencia del Juzgado de Lo Social de Madrid acaba de dar la razón a CCOO y considera nulos los despidos de cuatro trabajadores de la empresa Armalla y respalda los argumentos expuestos en su demanda por los servicios jurídicos de la Federación de Industria de Madrid de CCOO que consideraban que estos despidos se habían producido porque los trabajadores implicados habían reclamado anteriormente a la empresa el pago de las horas extras, y que por lo tanto estos despidos vulneraban el derecho a la indemnidad, es decir, a no ser represaliados por defender sus derechos, de estos trabajadores. La sentencian considera asimismo nulos los despidos de otros 15 trabajadores de la misma empresa por otros motivos.